jueves, 20 de septiembre de 2007


De cómo los organismos internacionales diseñan las políticas para los Estados Latinoamericanos después del fracaso del ALCA.

Por: Colectivo Brújula al ALBA
Sabido es que la Cumbre de Mar del Plata fue un duro golpe a los planes de anexión que los Estados Unidos de Norteamérica tenían previsto implementar a través de la denominada Área de Libre Comercio para las Américas. Sabido es también que los planes para avanzar con sus objetivos de dominación económica continúan, tanto por medio de la celebración de tratados de libre comercio bilaterales conocidos como TLCs, como de la implementación de planes, proyectos y programas de cooperación y asistencia económica y técnica, pretendiendo alcanzar de este modo, aquellos objetivos momentáneamente demorados por la acción de algunos pocos gobiernos en aquella ciudad del sur argentino.
Uno de los principales capítulos incluidos en el ALCA ha sido el de Propiedad Intelectual, tema abordado por varios y reconocidos autores, que han develado como en Latinoaméricana y Caribe, las corporaciones transnacionales acrecientan sus ganancias a través de este refinado instrumento de apropiación.
¿Pero qué sucede en los países de la región? Qué espacios esta intentando ocupar el capitalismo corporativo y que instituciones internacionales realizan la tarea de penetrar las barreras de los parlamentos, las cancillerías y los organismos públicos encargados de la aplicación de la normativa relativa a la propiedad intelectual?
La organización encargada de la “cooperación desinteresada” es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, organismo especializado de las Naciones Unidas, quien ha diseñado ya su programa de cooperación con los países de América Latina en el campo de la propiedad industrial y del derecho de autor y los derechos conexos
La difusión capilar de sus recomendaciones impregna todas las administraciones de los gobiernos que parecen acompañar estas políticas. De acuerdo a OMPI “Con el objeto de satisfacer las necesidades planteadas por esos países y de conformidad con las orientaciones generales de cooperación en el ámbito regional, formuladas por los representantes gubernamentales de América Latina en la Reunión Regional de directores de oficinas de propiedad industrial y de oficinas de derecho de autor de América Latina, celebrada en Guadalajara, en marzo de 2004” y luego en Buenos Aires en 2006.
El trabajo consiste en “asesorar, previa solicitud de los gobiernos, en la tarea de modernización ulterior del marco legal a nivel nacional y/o subregional en función de sus receptivas necesidades, a fin de disponer de instrumentos jurídicos eficaces y suficientemente flexibles para dar cabida a los objetivos de la política pública nacional en cada uno de los países”
Por otro lado esta organización pretende “continuar, previa solicitud de los gobiernos, a dar asistencia a los países de la región en la difusión y el asesoramiento sobre la incorporación de las disposiciones de los Tratados de Internet de la OMPI (WCT y WPPT) en la legislación interna de los países, o en relación con la administración de tratados como PCT y otros”
Para alcanzar un resultado exitoso es necesario abordar aquellas áreas de los gobiernos que de alguna manera tengan algún punto de contacto con la temática de propiedad intelectual. Esto debe llevarse a cabo mediante “la cooperación y la asistencia técnica para instrumentar mecanismos efectivos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, principalmente mediante el fortalecimiento de las instituciones nacionales existentes (tribunales, fiscalías, policía, aduanas y otras) y la capacitación de sus funcionarios”
La asistencia destinada a las actividades de capacitación y entrenamiento será, “no sólo del personal de las oficinas de propiedad industrial y de derecho de autor sino también, y muy especialmente, a jueces, fiscales, policías y agentes de aduana, cuya participación es muy importante en la aplicación de las normas sobre observancia; asimismo, continuar el desarrollo de programas de formación de los funcionarios de oficinas nacionales, tanto a través de cursos de formación de la academia de la OMPI como de capacitación en línea”.
Los planes para la implementación del capítulo en Derechos de Propiedad Intelectual del ALCA parecen avanzar por fuera del control de los propios poderes ejecutivos, parlamentarios y judiciales.
Las principales metas estratégicas de la OMPI en su política de expansión global trazadas para el bienio 2006/07 serán:

- sentar los cimientos de una cultura más sólida y amplia de propiedad intelectual en los Estados miembros por conducto de la cooperación con los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales, los interlocutores del sector privado y otros círculos interesados.
- "promover" las políticas de propiedad intelectual y su integración en las estrategias y los planes nacionales de desarrollo.
- "consolidar" la normativa internacional de propiedad intelectual.
- "ofrecer" un servicio de calidad en los sistemas mundiales de protección de la propiedad intelectual;
- "promover" actividades programáticas mediante una gestión responsable y una administración eficaz y con arreglo al programa y al marco presupuestario de la OMPI, orientado hacia la obtención de resultados; y
-"promover" la utilización de los activos intangibles y la producción con valor agregado sobre la base de la creación de capacidades nacionales.

El diseño de las políticas públicas por parte de OMPI como organismo tutor global espera consolidarse para los próximos dos años, siendo las principales actividades propuestas para su inclusión en el programa de cooperación en 2006 y 2007, las siguientes:

a) la formulación, el diseño y la implementación de estrategias y/o políticas nacionales en materia de propiedad intelectual. Se espera que mediante la cooperación técnica de la OMPI se apoyen las iniciativas nacionales existentes en los países de la región en relación con el desarrollo de actividades concretas dirigidas a apoyar el establecimiento de políticas nacionales y estrategias en materia de propiedad intelectual. La elaboración e implementación de estas políticas o planes estratégicos requieren de una amplia participación y el compromiso de los diferentes sectores nacionales competentes en asuntos de propiedad intelectual o en temas relacionados en el país, como pueden ser, relaciones exteriores y de comercio, innovación, cultura, ciencia y tecnología, agricultura, medio ambiente y educación, entre otros;
b) el apoyo en el desarrollo de actividades que contribuyan a promover y, en su caso, complementar los procesos nacionales de desarrollo de políticas, planes y/o estrategias de desarrollo, tales como: la elaboración de estudios nacionales y regionales sobre gestión tecnológica y propiedad intelectual; estudios sobre la importancia económica de las industrias y actividades protegidas por el derecho de autor y los derechos conexos; preparación de guías y/o manuales sobre patentes, sobre el uso de las indicaciones geográficas y otros signos distintivos; la realización de cursos y talleres para funcionarios de alto nivel sobre temas vinculados con desarrollo económico y la preservación de las flexibilidades y espacios de políticas de interés publico; el análisis y desarrollo de acciones que propicien la utilización de la propiedad intelectual en el mercado (prácticas óptimas).
c) el fomento de una cultura de propiedad intelectual para alentar los creadores e innovadores a obtener y utilizar los derechos y activos de propiedad intelectual, así como para obtener un mayor respeto del público de los derechos y activos de propiedad intelectual. Por ello, se desarrollarán diferentes actividades y proyectos destinados a promover la gestión, explotación, y uso de la propiedad intelectual por parte de pequeñas y medianas empresas, industrias culturales, centros de investigación y universidades;
d) la presentación de "asistencia jurídica concreta" y adaptada a los requerimientos particulares de cada país para apoyar el desarrollo de los sistemas nacionales y regionales de propiedad intelectual
e) el "apoyo en los procesos de fortalecimiento y modernización de las administraciones encargadas de propiedad industrial y/o derecho de autor" para mejorar sus capacidades en la gestión de derechos, mediante el mejoramiento de la organización y los métodos de trabajo, incluidos los aspectos relacionados con la formación de recursos humanos, la automatización de sus operaciones y la elaboración de guías o manuales relacionados principalmente con la organización y los procedimientos de trámite y examen de derechos
f) el desarrollo de actividades de "formación y asistencia técnica" en materia de promoción del respeto de los derechos de propiedad intelectual, a fin de lograr, de esta forma, favorecer los procesos de "internacionalización de la economía nacional", contribuir a la creación de un clima favorable para la inversión nacional y extranjera y promover la utilización eficaz del régimen de propiedad intelectual en el país. En este contexto, se pueden incluir programas de "capacitación para jueces y fiscales", y el fortalecimiento de la gestión colectiva del derecho de autor y los derechos conexos, entre otros;
g) el establecimiento de programas dirigidos a la comunidad universitaria para implantar mecanismos que faciliten la gestión de la propiedad intelectual dentro de las universidades, y propiciar el vínculo entre el sector académico y de investigación (universidades y centros de investigación) y el sector industrial (PYMES) mediante la creación de empresas especializadas, oficinas de licenciamiento o transferencia de tecnología, entre otros;
h) consolidar la "ejecución del Proyecto LATIPAT", en materia de intercambio de información de patentes, mediante formatos de publicación electrónica, entre las Oficinas de Propiedad Industrial de América Latina, y así disponer de un lugar común de publicación de la información tecnológica de patentes de todos los países latinoamericanos donde se facilite, tanto al colectivo nacional como internacional, el acceso en línea a la información de patentes existente en Iberoamérica a través de los mejores y modernos medios de consulta (por ejemplo: ESPACENET nivel II u otros motores de búsqueda), no sólo de la información bibliográfica de las patentes, sino también la información documental (documentos completos) existente en los países de América Latina;
i) la "ejecución de proyectos" en materia de desarrollo de sistemas y/o tecnologías de la información, principalmente a fin de actualizar la plataforma tecnológica de los sistemas desarrollados por la OMPI para apoyar la gestión de oficinas de propiedad industrial y de derecho de autor, mediante la utilización de tecnologías abiertas de última generación (Java); y
j) el "apoyo al desarrollo", constitución e implementación de mecanismos que faciliten el acceso a información de propiedad intelectual (patentes e información tecnológica, jurisprudencia, información cultural, estadísticas de propiedad intelectual, herramientas de clasificación, entre otras).

Tras la realización de una nueva reunión de Directores de Oficinas de Propiedad Industrial en la ciudad de Buenos Aires, en fechas cercanas a la Asamblea General de la ONU y dado el panorama que presenta la propiedad intelectual en la región, será necesario replantearse la convocatoria a nuevas cumbres para frenar los planes de estos pseudo organismos internacionales que encubren sus verdaderos objetivos tras un manto de perversa cooperación y asistencia a los países del Sur.

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