martes, 27 de mayo de 2008

El G8 creará una "policía del Copyright"

faq-mac.com

Informes declaran que iPods, iPhones, portátiles y otros dispositivos digitales podrían ser confiscados por funcionarios de aduanas de todo el mundo conforme a un nuevo acuerdo confidencial para hacer cumplir las leyes de propiedad intelectual que se está negociando actualmente entre las naciones G8.Canadá, Estados Unidos y varios estados europeos (incluido el Reino Unido) están aprobando secretamente un nuevo acuerdo internacional por el cual la información contenida en iPods y otros dispositivos podría estar sujeta a investigación por funcionarios de aduanas que asumirán un nuevo papel como policías de copyright.
Llamada Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), las naciones participantes formarán una coalición internacional contra la infracción del copyright.El acuerdo va a ser tratado en la próxima reunión G8 en Tokio en julio, creará reglas y regulaciones para controlar las copias privadas y las leyes de la propiedad intelectual y propone el establecimiento de un regulador internacional, "que convertirá a los funcionarios de aduanas y otro personal de seguridad pública en policías de copyright", informan Ottawa Citizen, el National Post y otros medios canadienses.
Esta daría a la policía de copyright el trabajo de revisar portátiles, iPods, iPhones y otros dispositivos personales en busca de contenido que viole las leyes de la propiedad intelectual, "incluso CDs y DVDs pirateados".
Para hacer esta proposición estalinista aún más molesta, la policía de copyright tendrá autoridad para decidir qué contenido viola las leyes de propiedad intelectual. Esto también incluye cualquier contenido copiado de un DVD o un reproductor de vídeo digital factible de ser inspeccionado por los funcionarios.

Fuentes en inglés: http://www.canada.com/ottawacitizen/story.html?id=bbbaf436-e632-44a7-8f58-7d2c80f3f1dbhttp://www.nationalpost.com/todays_paper/story.html?id=536951

viernes, 23 de mayo de 2008

Colombia se alinea con Estados Unidos en propiedad intelectual y patentes medicinales



Por: Observatorio Seamos libres

El gobierno de Uribe tomó nueva distancia de sus vecinos Latinoamericanos, esta vez en la 'Asamblea Mundial de la Salud', al apoyar políticas que favorecen a las grandes empresas farmacéuticas y sus intereses comerciales.

En esa reunión celebrada anualmente en Ginebra, la delegación colombiana se inclinó esta vez hacia la postura de Estados Unidos, Europa y Japón, frente a la iniciativa de más de 100 países en vías de desarrollo tendiente a permitir que sus naciones puedan producir medicinas con acceso asequible para atender la salud de su población.

"Lo que Colombia busca es congraciarse con E.U. para lograr la firma del TLC", expresó Francisco Rossi, quien ha estado en las discusiones de la propuesta como representante de una alianza de ONGs.El modelo actual de innovación en materia de medicamentos está marcado por el acuerdo sobre propiedad intelectual de la Organización Mundial del Comercio (OMC/ADPIC) que establece una patente medicinal de 20 años a partir de la fecha de su solicitud ante una oficina de patentes.

La empresa farmacéutica tiene el monopolio del producto y solo dos décadas después su fórmula se libera para poder producir medicamentos genéricos, mucho más baratos.

Solo en Estados Unidos las ganancias por exportaciones y ventas en el exterior de productos farmacéuticos y medicinales ascendio a 25.950.000.000 millones de dólares en 2005.
También publicado en:

martes, 20 de mayo de 2008

De cómo el “Mundo en Desarrollo” financia al Imperio NorteAmericano


La privatización de las ideas como estrategia represiva global

Por: Fabián Pena

El sistema capitalista mundial requiere concentrar ganancias de forma incremental con el propósito de demorar las recurrentes e inexorables crisis de acumulación en las que desembocan sus fases expansivas con el inmediato correlato de pobreza y exclusión social de gran parte de la humanidad.

Las corporaciones transnacionales norteamericanas poseen como una de las mayores fuentes externas de recursos -en su desesperado proceso de concentración de ganancias- a aquellas industrias basadas en actividades susceptibles de protección por “propiedad intelectual”: las creaciones de las artes y las ciencias como expresiones humanas socializadas son privadamente apropiadas a escala global por las principales “potencias” económicas con la frecuente complicidad de varios gobiernos de países “en desarrollo”.

De todas las industrias privadas, son las relacionadas con los derechos de autor las mayores contribuyentes a las arcas del tesoro norteamericano por exportaciones y ventas en el exterior (110.8 billones de dólares), superando a la industria química -excluyendo productos farmacéuticos y medicinales- (97.17 billones), automotriz y autopartes (76.26 billones), metalurgia y metales básicos (50.72 billones), aviación y equipos asociados (49.79 billones), productos farmacéuticos y medicinales (25.95 billones):



Autor: International Intelectual Property Alliance. Fuente: Copyright Industries in the U.S. Economy: the 2006 report.

Además, las industrias de la “derechos de autor” son responsables de:

20% de la contribución al PIB de la industria privada y,
40% de la contribución al PIB de los productos y servicios exportados,

y los ingresos producidos por las industrias de bienes y servicios conjuntamente protegidos por derechos de autor y patentes de los Estados Unidos, representaban ya en 2005 alrededor de:

40% del crecimiento de toda la industria privada, y
60% del crecimiento de las exportaciones

De acuerdo al informe “Copyright Industries in the U.S. Economy: The 2006 Report”[1] -que utiliza una metodología de cálculo de ingresos adoptada en los últimos años por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)- las denominadas industrias “núcleo” de copyright[2] representaban un estimado de 819.060 billones de dólares equivalentes al 6.56% del PIB de los EE. UU en el 2005; e ingresos estimados provenientes de las industrias de copyright “totales” de 1.38 trillones de dólares equivalentes al 11.12% del PIB en ese mismo año.

Con estas cifras y en su incansable objetivo de incrementar el negocio, el U.S. Federal Bureau of Investigation (FBI) expresó en un reciente informe que las compañías norteamericanas “pierden” (de ganar) por piratería y falsificación al menos un promedio de 225 billones de dólares cada año. La denominada “Coalición contra la Piratería y Falsificación” (CACP, siglas en inglés) ha propuesto iniciativas con seis objetivos específicos de acciones a ser tomadas por el gobierno de los Estados Unidos en el control de estos “crímenes”a partir de 2007, pretendiendo reducir esa cifra entre 18 a 34 billones de dólares por año durante los primeros tres años. Estas estimaciones están basadas en acciones del Departamento de Justicia de E.E. U.U. desarrolladas contra supuestos delitos a la “propiedad intelectual” en experiencias “exitosas” anteriores.

En estudios realizados por la Oficina de Rendición de Cuentas de los Estados Unidos (GAO), brazo de investigación del Congreso, propone seis iniciativas para el combate mundial contra la piratería y falsificación consistentes en coordinar políticas dentro y fuera de los Estados Unidos utilizando recursos existentes y realizando estrategias orientadas a incrementar los “niveles de esfuerzo” de estas agencias; una de estas iniciativas es similar a la denominada CompStat empleada por el departamento de policía del estado de Nueva York. Así en octubre de 2004, la Administración Bush lanzó la Strategy Targeting Organizad Piracy (STOP) como primer intento de estrategia integral para el combate contra los delitos a la “propiedad intelectual”, pero según la GAO, ha quedado limitada al territorio nacional y si bien tiene una buena imagen, podría perder influencia luego de terminado el período presidencial. Este organismo considera que los esfuerzos deben ser globales debido a que la protección de la “propiedad intelectual” varía en todo el mundo y muchos países son “refugios” para la falsificación y piratería. La cooperación debe ser entonces incrementada entre gobiernos y con las industrias.

El singular argumento utilizado por los think tanks norteamericanos relata que las nuevas tecnologías digitales de las fotocopiadoras, scanners, computadores y especialmente internet, poseen el efecto no deseado de “hacer vulnerables a productos, corporaciones y consumidores” dada la alta sofisticación de estos grupos “criminales” que gozan sin embargo de popularidad al vender productos de todo tipo y marcas a precios más baratos que los originales (CDs, films en DVDs, software, lentes, camisas, sombreros, cosméticos, cubiertas de teléfonos celulares, paraguas y relojes, shampoos, insecticidas, productos farmacéuticos, alimentos, autopartes, partes de aviones, lociones, jabones, detergentes, baterías, juguetes, alimentos para mascotas y prácticamente todo aquellos que pueda ser identificado con una marca o logo. Finalmente declaran poseer evidencias sobre el ingreso de organizaciones “terroristas” a la arena de la falsificación y piratería.
A la vista de esta ideología represiva y mecanismo de monitoreo global, la sección 182 de la Ley de Comercio de 1974 denominada comúnmente “Disposición Especial 301”, bajo órbita de la USTR[3], tiene como misión reflejar el comportamiento de los países, clasificándolos dentro de categorías de acuerdo a sus prácticas en derechos de autor y propiedad industrial: la categoría de “País Extranjero Prioritario” es la más desfavorable a los intereses del gobierno y las corporaciones de E.E. U.U.; las categorías son: (1) País Extranjero Prioritario, (2) Lista de Vigilancia Prioritaria, o (3) Lista de Vigilancia. En el año 2008, los incumplidores países extranjeros fueron: Argentina, Chile, China, India, Israel, Pakistán, Rusia, Tailandia y Venezuela.
La prerrogativa autoconferida por los Estados Unidos en listar y clasificar países, responde a la necesidad que posee el capitalismo corporativo norteamericano en financiar su supervivencia utilizando estratégicos canales de ganancias, dentro y fuera del territorio de los EE. UU. El Secretario de Comercio norteamericano, Lino Gutiérrez, lo expresó de la siguiente forma: “la propiedad intelectual es lo que hacemos para vivir en los Estados Unidos”.

De este modo, un rol importante en el esquema apropiador de ganancias es el desempeñado por la Alianza Internacional para la Propiedad Intelectual (IIPA): una coalición de corporaciones del sector privado norteamericano, formada en 1984, que representa alrededor de 1.900 empresas productoras y distribuidoras de materiales protegidos por leyes de copyright en los EE. UU. Esta Alianza integrada por siete asociaciones de comercio participa en la imposición de tratados bilaterales y multilaterales, teniendo presencia como “ONG” en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Como parte de su frondoso currículum, la IIPA ha sido la principal representante de estas industrias asesorando al gobierno de los Estados Unidos en las negociaciones de los ADPIC/ OMC, NAFTA, en Conferencias Diplomáticas que llevaron a la elaboración de dos tratados de Internet en 1996 y en todos los tratados TLC implementados por los Estados Unidos. Sus miembros asociados son: Association of American Publishers (AAP), Business Software Alliance (BSA), The Entertainment Software Association (ESA), The Independent Film & Television Alliance (IFTA), The Motion Picture Association of America (MPAA), National Music Publishers’ Association (NMPA) y Recording Industry Association of America (RIAA).

Estas industrias involucran todo tipo de aplicaciones de negocios tales como el software de computadoras y entretenimientos, películas cinematográficas, programas de televisión, representaciones digitales y video-home de trabajos audiovisuales, música, grabaciones, CDs, y DVDs; libros de texto, libros comerciales y publicaciones profesionales (en medio impreso y electrónico).

Como “cárteles de la cultura” consideran que los acuerdos de la OMC han establecido el mínimo nivel de estándares de protección y la mayoría de los países poseen leyes que no son efectivas en la práctica. Para corregir esta falla, el proyecto de acuerdos ACTA, Anti-Counterfeiting Trade Agreement, impulsado por Estados Unidos, Europa y Japón (con la anuencia de Corea, México y Nueva Zelanda) relacionados con “combate” a la falsificación de productos fijarán niveles de protección más altos que aquellos establecidos en las obligaciones de los acuerdos ADPIC y “ADPIC-plus”.

En la estrategia global de control, los lineamientos de los Capítulos de Derechos de Propiedad Intelectual que los Estados Unidos han negociado en los Tratados Bilaterales de Libre Comercio (TLC) deberán entonces imponerse en los países en desarrollo y de acuerdo a lo expresado por Michaels Geist, fundador de la “Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic”: “Este tratado podría resultar en última instancia, más grande que la OMPI -sin las limitaciones de creación de consensos, los países en desarrollo y grupos de la sociedad civil- las ACTAs podrían reconfigurar el paisaje con sanciones más fuertes para delitos de la propiedad intelectual y una gradual erradicación en el equilibrio del copyright y las marcas”[4]

Pero la importancia que le asigna el gobierno de los Estados Unidos al control de las ganancias por derechos de autor a escala global quedó explicitada en la exposición de Chris Israel, coordinador internacional para la observancia de la propiedad intelectual ante el comité judicial del senado de E.E. U.U., en noviembre de 2007:

La lucha contra la piratería y la falsificación es una prioridad para la Administración Bush. Esta priorización se hace evidente en el liderazgo demostrado por el Presidente Bush. Él ha planteado la observancia de la PI con otros líderes. Este tema lo colocó en la agenda del G8, los EE.UU.-UE y la Cumbre de Seguridad y la Prosperidad con Canadá y México. También ha discutido nuestras preocupaciones en curso con líderes de Mercados Críticos como China, Rusia y la India. Ha dirigido su Administración para abordar esta cuestión de manera activa, agresiva y con un enfoque orientado hacia los resultados. "Estamos aprovechando las capacidades y los recursos de los Estados Unidos para promover la efectiva ejecución global de los derechos de propiedad intelectual. Bajo la dirección de la Casa Blanca, mi oficina trabaja para coordinar la observancia de la propiedad intelectual internacional en los esfuerzos de la Oficina de los EE.UU., el Representante de Comercio, el Departamento de Comercio -. Oficina de Patentes y Marcas y la Administración de Comercio Internacional, el Departamento de Seguridad - que incluye Aduanas y Protección de Fronteras e Inmigración y Aduanas, el Departamento de Justicia – incluyendo el FBI y el Departamento de Estado, entre otros. Nuestros esfuerzos combinados son amplios, y esto nos permite ofrecer atención aún mayor atención y energía en el establecimiento de prioridades a nuestros esfuerzos en derechos de propiedad intelectual.[5]

Estas prioridades, fuera de las fronteras del territorio de los Estados Unidos, explican el accionar de la maquinaria imperial en su afán por obturar las grietas que presenta su sistema, y la necesidad de contar con estructuras institucionales regionales y nacionales que impulsen, activen y garanticen la aplicación efectiva de tratados restrictivos en materia de derechos de autor y patentes, conformando de este modo instrumentos jurídicos de protección globales para la privatización de ideas (propiedad intelectual), en defensa de las ganancias que dan sustentabilidad a la economía Norte-Americana desde los países en desarrollo.


[1] http://www.iipa.com/pdf/2006SiwekSummary.pdf

[2] Nota: De acuerdo al informe “Industrias de copyrights en los EE. UU: Reporte 2006”, Stephen E. Siwek, preparado para la IIPA, las industrias “núcleo” son aquellas industrias relacionadas con el copyright cuyo propósito primario es producir y/o distribuir materiales con copyright. Las industrias “totales” de copyright incluyen cuatro sub-sectores llamados núcleo, parcial, apoyo no específico, y sectores interdependientes.
Las industrias de copyright “total” incluyen las “núcleo” más las que, bajo estimaciones conservadoras, distribuyen tales productos u otros productos que dependen completa o principalmente de materiales protegidos. Las industrias de copyright “núcleo” son aquellas que crean materiales protegibles como primer producto primario.


[3] http://www.ustr.gov/

[4] http://www.edri.org/edrigram/number5.21/acta-eu

[5] http://judiciary.senate.gov/testimony.cfm?id=3020&wit_id=6761

viernes, 16 de mayo de 2008

El informe de la Interpol afirma que las supuestos ordenadores de las FARC sí fueron manipulados


Las partes del dictamen que no han querido difundir

Carlos Martínez/Pascual Serrano
Rebelión


El pasado día uno de marzo, el ejercito colombiano atacó un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano. Supuestamente el ejercitó requisó tres portátiles, las tres memorias USB y los dos discos duros externos. Y se debe afirmar que “supuestamente” pues dichas pruebas no se han obtenido dentro de un procedimiento policial o judicial al uso, sino en el marco de una agresión militar a un estado extranjero, cualquier prueba obtenida de esa forma es ilegal y por tanto no se puede utilizar en ningún procedimiento judicial.
Para intentar dar validez a estas “pruebas” las autoridades colombianas solicitaron de la Interpol un informe que certificara la “autenticidad” de los archivos contenidos en estos soportes. Ayer 15 de marzo se hizo público el informe, tras una lectura llama la atención las siguientes conclusiones.
En primer lugar hace referencia a que son “datos clasificados como “ULTRA SECRETO” (Pag. 21 del informe) cuando parte de esos archivos los hizo públicos el diario El País.
Lo más importante es que el propio informe reconoce en su “Conclusión no 2b” (pag. 31) que las autoridades colombianas manipularon los ordenadores y las memorias y que
“el acceso a los datos contenidos en las citadas pruebas no se ajustó a los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de los organismos encargados de la aplicación de la ley”.
El estudio encargado por el gobierno colombiano reconoce que:
"El acceso directo puede complicar en gran medida el proceso de validación de las pruebas para presentarlas ante los tribunales, porque en este caso los funcionarios de las fuerzas del orden deben demostrar o probar que el acceso directo que efectuaron no afectó materialmente a la finalidad de las pruebas".
Por ejemplo, más adelante el documento de la Interpol declara que
“Los sistemas operativos de los tres ordenadores portátiles decomisados mostraban que los tres ordenadores habían sido apagados el 3 de marzo de 2008 (a diferentes horas, pero todos ellos antes de las 11.45, hora en que fueron entregados a los investigadores en informática forense de la policía judicial colombiana). Los dos discos duros externos y las tres llaves USB habían sido conectados a un ordenador entre el 1 y el 3 de marzo de 2008, sin que se hubieran obtenido previamente copias imagen forenses de su contenido y sin emplearse dispositivos de bloqueo de escritura (write-blockers)”
Es decir, que el ejercito colombiano hizo uso y modificó los archivos contenidos en los ordenadores, memorias usb y discos duros, antes de su entrega a la policía colombiana.
Por ejemplo, el informe en su página 32 afirma que :
“83. En los archivos de la prueba instrumental decomisada no 26, un ordenador portátil, se presentaban os siguientes efectos producidos el 1 de marzo de 2008 o en fechas posteriores:Creación de 273 archivos de sistemaApertura de 373 archivos de sistema y de usuarioModificación de 786 archivos de sistemaSupresión de 488 archivos de sistema.”
El documento afirma, sin embargo, que los documentos de usuario (documentos word y similares) son auténticos porque no se han modificado desde el uno de marzo hasta la fecha del examen, sin embargo el propio informe reconoce lo limitado de esta afirmación pues describe que en la prueba 31 se contienen
“2.110 archivos cuyas fechas de creación oscilan entre el 20 de abril de 2009 y el 27 de agosto de 2009; 1.434 archivos cuyas fechas de última modificación varían entre el 5 de abril de 2009 y el 16 de octubre de 2010”. Concluye, que “estos archivos habían sido creados antes del 1 de marzo de 2008 en uno o varios dispositivos con una configuración de fecha y hora del sistema incorrecta” (Pag. 34).
Lo que significa que cualquier usuario cambiando la hora del sistema operativo puede crear un documento en la fecha que le plazca, sea anterior o incluso futura.
Sobre las conclusiones forenses hay que resaltar que el peritaje dice literalmente (Pag. 28):
“Sin desvelar dichos datos, INTERPOL puede declarar lo siguiente con respecto a los archivos de usuario contenidos en las ocho pruebas instrumentales de carácter informático decomisadas a las FARC:- Se encontraron 109 archivos de documentos en más de una de las pruebas instrumentales- 452 hojas de cálculo- 7.989 direcciones de correo electrónico- 10.537 archivos multimedia (de sonido y vídeo)- 22.481 páginas web- 37.872 documentos escritos (de Word, PDF y formato texto)- 210.888 imágenesDe los anteriores, 983 archivos estaban cifrados 25.”
Es decir, ninguna referencia a que los ordenadores intervenidos contengan correos electrónicos. Hay que recordar que las informaciones de “El País” hacia referencias insistentes referencia a correos y que publicaba los archivos con el título "Correos incautados en el ordenador de Raúl Reyes". Entonces, ¿De donde se han obtenido dichos correos? ¿O, simplemente, no existen en las computadoras requisadas?
Por último el informe termina (pag. 36 y siguientes) con siete páginas dedicadas a reconvenir a la policía de los países miembros y a decirle cómo debería tratar las pruebas electrónicas, recomendación que se hace en este informe, probablemente, por que este caso puede servir de ejemplo a las policías de como no deben recogerse pruebas informáticas. La única forma en la cual se puede asegurar la autenticidad de documentos contenidos en archivos informáticos es que se obtengan bajo la tutela judicial y desde un primer momento estas pruebas queden bajo la custodia de autoridades jurisdiccionales independientes y las pruebas forenses se realicen sólo sobre una copia exacta del contenido de los discos duros o memorias.
De este modo, el propio informe de la Interpol es el que viene a traer más dudas sobre el origen de los archivos informáticos publicados por el País y con los que se pretende atacar a Venezuela y Ecuador.
Así lo han expresado también los académicos estadounidenses Miguel Tinker-Salas, profesor de la Universidad de Pomona (California) y Forrest Hylerton, profesor de la Universidad New York, quienes advirtieron que hubo un mal uso de la información encontrada en las computadoras de alias Raúl Reyes, por parte del Gobierno colombiano y la Interpol.Miguel Tinker-Salas, experto también en temas latinoamericanos, indicó que existe una serie de malas interpretaciones sobre el contenido de los ordenadores y que tras de ello hay un trasfondo político. “Hay que recalcar que la Interpol solo puede pronunciarse si existió manipulación. Pero ellos no aseguran si los elementos encontrados son originales y no pueden certificar la información”. Además, calificó como un problema el hecho de que la difusión del informe se haya realizado en Colombia, pues eso demostraría que la Interpol defiende los intereses del Gobierno de Álvaro Uribe, apoyado por Estados Unidos.Forrest Hylerton, de la Universidad New York manifestó la necesidad de que el proceso de verificación del contenido sea efectuado por una institución que garantice mayor independencia. “Es probable que las computadoras sí hayan resistido el bombardero colombiano, pero el problema es que no sabemos nada más, ni qué tratamiento tuvieron”, afirmó Forrest Hylerton.
La realidad es que Colombía sí que manipuló los ordenadores de las FARC. Los medios de comunicación, el gobierno colombiano y los directivos de Interpol han destacado los elementos que les interesaban con titulares como "Interpol da por verdaderos los datos hallados en el ordenador de Raúl Reyes" o "Según la agencia policial, Venezuela financió a las FARC" (El País). La evidencia más elocuente de que estos titulares son mentira es que el informe de la Interpol, para asegurar su imparcialidad, fue realizado por técnicos informáticos que no sabían español y no podían comprender políticamente lo que decían los archivos. Así lo dice el informe: "Los expertos provenían de fuera de la región y no hablaban español, lo que contribuyó a eliminar la posibilidad de que se viesen influenciados por el contenido de los datos que estaban analizando ”. El informe de un técnico informático que no comprende español no puede decir que Venezuela financia a las FARC porque no entiende una sola palabra de lo que dicen los archivos.
La tergiversación de algunos medios ha llevado a que mientras el resumen del informe de la Interpol afirma:
La verificación realizada por INTERPOL de las ocho pruebas instrumentales citadas no implica la validación de la exactitud de los archivos de usuario que contienen, de la interpretación que cualquier país pueda hacer de dichos archivos, ni de su origen.El diario El País en su crónica de Maite Rico y Pilar Lozano titula "Interpol certifica que los ordenadores de las FARC no fueron manipulados", y subtitula "El organismo policial asegura que los portátiles pertenecían a Raúl Reyes".
Por otro lado, filtrando a la prensa amiga supuestos contenidos de los ordenadores que implicaban a Venezuela y Ecuador, las autoridades colombianas han mostrado al mundo que tenían un interés especial en criminalizar a esos gobiernos, más que en permitir a jueces y fuerzas de seguridad trabajar. Si tanta transparencia informativa quería dar a la información, sería bueno conocer qué información tenían las FARC sobre crímenes de paramilitares y a qué miembros de la Administración de Uribe implican en el paramilitarismo, seguro que había mucho de eso en los cientos de gigas que dice que ocupa el material informático.
Noticia relacionada:-Más de 48 mil archivos de computadora colombiana fueron manipulados

viernes, 9 de mayo de 2008


Será gracias a una decisión gubernamental en el marco del proyecto
“Proinfo"
Más de 50 millones de estudiantes brasileños utilizarán tecnologías abiertas a partir del próximo año

regiondigital.com

El Gobierno de Brasil ha dado un paso más en favor de las tecnologías de código abierto y ha decidido implementar el sistema operativo libre GNU/Linux en las escuelas públicas. La medida supone que 52 millones de estudiantes utilizarán software libre a partir del año 2009.
Según informa el Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las TIC basadas en fuentes abiertas (CENATIC) en su web, la decisión del ejecutivo brasileño se enmarca en el proyecto "Proinfo", el programa nacional de alfabetización informática, en el que colabora el Ministerio de Educación. Este departamento proporcionará la infraestructura necesaria de hardware- terminales y conectividad- y el software libre que se utilizará en todas las escuelas.
Concretamente, los estudiantes trabajarán con el sistema operativo brasileño "Linux Educacional 2.0". Se trata de una distribución GNU/Linux basada en Debian con el escritorio KDE 3.5 y otras herramientas específicas desarrolladas para este proyecto. Está previsto que a finales de este año, 29.000 aulas informáticas ya tengan este software instalado. A finales de 2009, el objetivo es llegar a los 52.000 estudiantes.
El objetivo del Gobierno de Brasil es implementar un plan de alfabetización digital a las escuelas primarias basado en la independencia tecnológica.
Esta decisión del ejecutivo a favor de las tecnologías abiertas se suma a otra de hace unas semanas en la que se apostaba por migrar a código abierto más 400.000 terminales de voto electrónico.

jueves, 8 de mayo de 2008

Jueces argentinos serán capacitados en Estados Unidos sobre “propiedad intelectual”



Por: Contra-Marcas

En el marco de su activa cruzada contra la “piratería y falsificación de marcas” que lleva adelante el gobierno de los Estados Unidos en materia de “propiedad intelectual”, se desarrolló en Buenos Aires un singular evento que pone en alerta a la independencia de la justicia argentina.
En una nueva fase de cooperación con el gobierno del devaluado presidente Bush y en el marco de los “festejos por el Día internacional de la Propiedad Intelectual”, bajo el auspicio de la embajada norteamericana, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (Amcham- AR) firmó un acuerdo con la International Judiciary Academy (IJA) para capacitar, en temas de propiedad intelectual, a jueces argentinos en territorio de los Estados Unidos.
El acuerdo tiene por objetivo “establecer los cauces para la realización conjunta de actividades de divulgación, formación e investigación donde 10 jueces federales argentinos viajarán en agosto a los Estados Unidos para capacitarse en temas de propiedad intelectual”, orientado en realidad a formar jueces que apliquen la doctrina norteamericana en controversias judiciales.
Allí participarán de un seminario intensivo coordinado por James G. Apple, Director del Consejo, Presidente y Miembro Fundador del Internacional Judicial Academy (IJA), con miras a obtener un “entrenamiento focalizado” en la importancia de las decisiones judiciales que se toman en estos temas.
El periplo neoliberal incluirá visitas a organismos a las Cortes federales de Apelaciones, la Federal Bar Association, la Corte Suprema, el Departamento de Estado, la sede central de la U.S. Chamber of Commerce (Amcham), la oficina de marcas y patentes norteamericana (USPTO) y la sede de la IJA.
Del mencionado encuentro realizado en la Mansión del Hotel Four Seasons, participaron el Embajador de los Estados Unidos, Anthony Wayne; el Juez Ricardo Li Rosi, Juez Nacional en lo Civil y Miembro del Consejo Académico de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura; Juan Bruchou, Presidente de Amcham en Argentina, y el propio James Apple.
El nuevamente activo embajador de la U.S. en Argentina afirmó en su intervención: "Esta alianza contribuirá a fortalecer la colaboración entre los gobiernos argentino y norteamericano y permitirá generar un mayor entendimiento mutuo sobre las diferentes formas en las que los principios del derecho pueden ser aplicados".
Estos eventos organizados por el embajador norteamericano en Buenos Aires forman parte de un activo lobby sobre los organismos estadales argentinos orientados al fortalecimiento de las leyes de propiedad industrial y derechos de autor en defensa de los intereses corporativos norteamericanos.


Crisis alimentaria: ganancias para buitres

Alejandro Nadal
La Jornada


El mundo vive una crisis inédita: los precios de todos los alimentos básicos y en especial de los tres principales cultivos en el mundo: maíz, arroz y trigo, se han duplicado en los últimos 20 meses. Lo mismo sucedió con los costos de aceites comestibles, frutas y verduras. Las consecuencias son devastadoras para los 3 mil millones de pobres (la mitad de la población mundial) que viven con dos dólares diarios y que hoy gastan 80 por ciento de su ingreso en alimentos.
Los medios de comunicación explican la crisis por algunas sequías, la demanda en China e India, y el desvío de tierras para agrocombustibles. Con estas “explicaciones”, los promotores del modelo agropecuario neoliberal aprovechan la coyuntura para impulsar políticas que son más de lo mismo: más apertura comercial y mayor difusión a las nuevas tecnologías (como los transgénicos). Por eso Robert Zoellick propone que ahora sí hay que relanzar la Ronda de Doha, y Pascal Lamy, director de la Organización Mundial de Comercio (OMC), afirma que sólo la Ronda de Doha puede estabilizar la situación actual. Los brujos del libre comercio han hablado.
Pero la realidad es terca frente a la brujería. Hoy sabemos que la oferta sigue siendo superior a la demanda de alimentos: desde 1961 la producción mundial de cereales se triplicó, mientras que la población se duplicó. Y en 2007 la producción mundial de cereales superó los 2 mil 300 millones de toneladas (un crecimiento de 4 por ciento en relación con el año anterior). Entonces, ¿por qué el aumento de precios?
Esta crisis es resultado de tres décadas de políticas equivocadas para el sector agrícola a escala mundial. Esas políticas erosionaron la capacidad productiva de millones de campesinos y productores independientes en el mundo, con un altísimo costo ambiental que pagarán las generaciones futuras. También dislocaron las redes de comercialización mundial y socavaron la soberanía alimentaria de familias y comunidades rurales en todo el planeta.
La apertura comercial permitió a los países ricos inundar los mercados de las naciones pobres con sus productos agrícolas, altamente subsidiados y a precios artificialmente bajos. También abrió el mercado de tierras y permitió su concentración en pocas manos. Al mismo tiempo, se retiró el apoyo gubernamental al campesinado en un contexto de política macroeconómica dictado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
La soberanía alimentaria se abandonó como objetivo y se impulsó la concentración de poder económico en manos de unos cuantos jugadores. El resultado fue que los productores locales sufrieron un ataque con fuego cruzado y los beneficiarios fueron los grandes consorcios comercializadores y procesadores de granos y aceites a escala planetaria. La concentración de poder en unos cuantos grupos corporativos gigantes ha propiciado la especulación, así como la manipulación de inventarios y precios. Eso explica los recientes aumentos en las ganancias de Cargill (86 por ciento en el primer trimestre de 2008), ADM (67 por ciento en 2007), Monsanto (44 por ciento), Bunge (49 por ciento en 2007) y Syngenta (28 por ciento en 2007). Mientras los pobres del mundo gimen adoloridos, los buitres afilan sus garras.
La OMC jamás quiso ocuparse de esto. Frente al uso regular de prácticas desleales de comercio, ese organismo debió haber impulsado un acuerdo mundial para contrarrestar los efectos nocivos de la concentración de poder de mercado. En lugar de hacerlo, simplemente desvió la mirada hacia la tierra prometida de los beneficios ilusorios de la apertura comercial.
La crisis revela que el modelo agropecuario neoliberal está en bancarrota. La alternativa está en una agricultura social y ambientalmente responsable. Las organizaciones civiles (comenzando con Vía Campesina) lo saben.
La tecnología de esta producción sustentable está disponible y el abanico de políticas económicas alternativas es conocido. Los que no están listos son los gobiernos y sus funcionarios entregados a las grandes corporaciones.

viernes, 2 de mayo de 2008

Foro: Visión Crítica de la Propiedad Intelectual. De la Exclusión Neoliberal a las Alternativas Sociales


Aporrea


Este Jueves 24 de abril, tuvo lugar el Foro Visión Crítica de la Propiedad Intelectual. De la Exclusión Neoliberal a las Alternativas Sociales, en el Salón Río Ocamo del Hotel Meliá Caracas, auspiciado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual.
Dio inicio con las palabras de apertura de la Econ.Jumersi La Rosa. Directora General del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, quien en su alocución manifestó que con este evento se proponían a generar espacios para el debate y la divulgación de la posición crítica que debemos tener del Sistema de Propiedad Intelectual. Entre las ideas defendidas por la economista se citan que el sistema de propiedad intelectual en Venezuela es el mismo que sostiene el capitalismo y es el principal engranaje de su estructura de dominación. Desde el 2002 el SAPI no celebra el día internacional de la propiedad intelectual, por considerarla una celebración del sojuzgamiento de los pueblos y de los asalariados al haberse expropiado a la humanidad a través de la historia de manera sostenida del acerbo científico, técnico y cultural, impidiendo que este acumulado sea usado para satisfacer las necesidades de los pueblos, la protección del medio ambiente y el desarrollo humano sin mas restricción que la capacidad misma del ser humano. Los intereses de las grandes transnacionales se escudan en el derecho de autor y la propiedad industrial, habiendo expropiado de esas creaciones y producciones a los trabajadores explotados, para acumular ganancias y asegurarse el monopolio de uso de esos saberes científicos, técnicos y culturales. El ejercicio de este mecanismo condena a los pueblos del mundo a la pobreza y el hambre, les impide tener garantizadas la salud, la educación, condiciones de vida digna, entre otros muchos derechos sociales y económicos. Se cercena el derecho al acceso y disfrute de lo que crea el hombre de manera equitativa. Tenemos todo un acervo de conocimiento y debemos lograr que el mismo este accesible a todos para mejorar las oportunidades de desarrollo social, económico, cultural, científico técnico y aprovechar el potencial que la construcción colectiva del conocimiento permite.
El SAPI dijo, además impulsa el software libre, y apoya el programa de Simoncitos, porque le da importancia al reforzamiento de los valores, la promoción de la identidad nacional, al estimulo a la creatividad y participación infantil. La Rosa sostuvo la importancia de impulsar la creatividad en todos los niveles, como medida para llegar a obtener grandes logros en nuestro desarrollo como pueblo.
Debemos suprimir los mecanismos que por ejemplo en materia de patentes, impiden el acceso de las medicinas y servicios de salud específicos.
En el área de la innovación, creación, mejoramiento de la ciencia y de la técnica también hay que generar mecanismos de protección para evitar los monopolios de explotación exclusiva otorgados sin colocar en primer lugar el derecho de la sociedad, los derechos colectivos y difusos de las grandes mayorías.
Entre nuestras debilidades tenemos en la coyuntura nacional sectores sociales y políticos de la oposición con posiciones neoliberales, que defienden los intereses de quienes pretenden adueñarse de todas nuestras riquezas, intereses foráneos de grandes multinacionales, corporaciones y estados imperialistas, responsables de que nos mantengamos en el subdesarrollo, fungiendo como títeres del gran capital, antinacionalistas, son los mismos que permitieron una legislación permisiva a practicas desleales del gran capital que heredamos.
Castiela Velásquez. Directora Nacional del Derecho de Autor, en su ponencia "Artículo 98 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela" explicó la debilidad jurídica que implica la redacción del Artículo 98 de la Constitución de la República Bolivariana de 1999, que no contempla ninguna restricción, ni limites a la apropiación por compra de los derechos patrimoniales por parte de quienes comercializan y concentran los bienes inmateriales del intelecto, que proteja a la sociedad de este monopolio caracterizado por tener criterios mercantiles, y la búsqueda de la ganancia y la acumulación y concentración del capital por encima de los criterios humanistas y racionales, de desarrollo social y económico de los pueblos y los derechos humanos fundamentales.
El Artículo 98, expresa:"La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la inversión, producción y divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y humanística, incluyendo la protección legal de los derechos del autor o de la autora sobre sus obras. El Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la Ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia”.
La redacción de este artículo es imprecisa y permisiva, los legisladores favorecieron con ello los intereses de las transnacionales y coarta el interés social en materia de la administración de la propiedad intelectual, explico la ponente.
El Artículo 98 de la Constitución de 1999 contradice otros artículos de la misma, entre los que se enumeran a continuación, referidos a la siguiente temática:
Art. 101, Obligaciones del Estado sobre la información cultural.
Art. 108, Medios de comunicación y de formación ciudadana.
Art. 110, Obligación del Estado de garantizar el acceso a la ciencia y a la tecnológica.
Art. 124, Prohíbe el registro de patentes sobre recursos y conocimientos ancestrales.
Acoto Velásquez que debido a esto se propuso su modificación en el texto de la reforma constitucional, se mantiene la perentoria necesidad de crear una doctrina jurídica que garantice el interés social en la administración de la propiedad y comercialización de los bienes inmateriales del intelecto y adaptar la constitución y la legislación nacional en la materia a estos principios.
Margarita Vilatimo. Directora del Registro de Propiedad Industrial del SAPI. En su ponencia "La Función Social de la Marca" abordó el tema del sistema de marcas, su implicación en el proceso social, los valores humanos y las relaciones humanas.
Vilatimo expuso: La contradicción del sistema de marcas en el proceso revolucionario que impulsa la creación de un estado de derecho social, con una democracia participativa y protagónica, donde primen los valores de solidaridad, fraternidad, interés colectivo por encima de los intereses particulares y el impulso del desarrollo social y económico, donde todas las potencialidades creativas de la sociedad en su conjunto sean incentivadas, la promoción de la identidad cultural, y la protección de la soberanía nacional, al proteger a la industria nacional y la seguridad alimentaria, la protección de los derechos sociales y económicos, principalmente el derecho a la salud y el acceso a los medicamentos, procesos que hoy queremos impulsar.
Expreso tambien: La marca es un mecanismo de dominación de las multinacionales. Entendemos la marca como un signo que sirve a una persona jurídica para vender su producto o servicio, al comerciante para identificar su mercancía, y para distinguir un producto de otro. La marca ofrece una protección, indica su procedencia y origen para el consumidor.
Explico la ponente: Otro agregado de la función de la marca es la publicidad, la cual utiliza estrategias que manipulan los valores, las falsas creencias, la búsqueda del estatus, el individualismo, la competencia, la ambición, las cuales aparecen representadas y asociadas a la marca, a través de composiciones publicitarias que llegan de forma repetitiva y condicionan la actitud, las conductas, las preferencias, los valores, las emociones y los sentimientos del consumidor, usuario o ciudadano común, para conformar con ello la alienación, que ha tenido expresiones en la conducta agresiva o transgresora de la población juvenil por ejemplo. La marca es un símbolo de alineación.
La expositora dejo la siguientes interrogates: ¿Como hacemos para hacer de la propiedad intelectual, que siempre ha sido un elemento de dominación, un instrumento para el desarrollo social?, ¿como generar la propiedad social y la suma de voluntades y poderes creativos del potencial humano que poseemos, rescatando el acumulado cultural a través del intercambio entre los pueblos, para devolver a quienes producen y crean esos saberes y esos bienes materiales e inmateriales, los verdaderos propietarios de todo el conocimiento acumulado, que son quienes con su fuerza de trabajo producen todo ello, el control y el poder de tomar decisiones con un criterio humanista, dejando de lado el criterio mercantilista, irracional en función de la ganancia de los agentes del capital, transnacionales y corporaciones, que impiden, condicionan o limitan el desarrollo de las fuerzas productivas y el desarrollo de la ciencia y la técnica?, ¿Como cambiar las actuales condiciones para garantizar el mejoramiento de la calidad de vida, la protección del medio ambiente, la seguridad alimentaria, entre otros?. Concluyendo entonces: Ese es el reto y el nuevo paradigma que debemos construir, en medio de las reglas del juego que el capitalismo nos ha impuesto a través de normas supranacionales como los tratados y convenios internacionales. Con el impulso de la Alternativa Bolivariana para Las Américas (ALBA) se propician las condiciones que facilitarían un cambio en la administración del sistema de la propiedad intelectual en favor del estado social de derecho que hoy estamos desarrollando.
En cuanto a la marca Vilatimo colocó para el debate la propuesta de la creación de marcas socialistas, que representen, simbolicen y estén asociadas a los valores socialistas, humanistas, de solidaridad y fraternidad, altruismo, trabajo y construcción colectiva del conocimiento, entre otras.
Arlen Piñate. Coordinadora de Invenciones y Nuevas Tecnologías del SAPI, tuvo a cargo la ponencia "El Sistema de Patentes y el Acceso a los Medicamentos. Estuvo enfocada a el mecanismo perverso de como afectan las patentes el acceso a los medicamentos, indicando que el capitalismo genero formulas para adueñarse ya no solo de los bienes materiales, se suma la apropiación del acerbo intelectual de la humanidad.
Explico Piñate: El trabajo por encargo y la compra de los derechos de autor y de las patentes de invención, así como procedimientos donde se prolonga el tiempo de monopolio de uso y explotación para que pase a ser de dominio público determinada licencia de invención, encarece por una parte los productos, entre ellos los medicamentos. Por otra parte la producción de determinado bien, producto o servicio puede ser suprimida sin tomar en cuenta que tiene demanda, incluso si es requerida con urgencia, sujeto a discreción del criterio de un particular, el capitalista, el criterio es entonces la rentabilidad, las prioridades están así basadas en el lucro y la acumulación y concentración capitalista. Por ello pueden dejar desasistidas a poblaciones afectadas por determinada enfermedad de medicamentos específicos, por ejemplo.
Paradogicamente, enfatizo Piñate; se dice que el sistema de patentes promueve la actividad creadora entre la comunidad científica y sirve como garantía de recuperación de la inversión, pero por el contrario la actividad científica y técnica esta supeditada a los caprichos del gran capital, y la recuperación de la inversión del capital no justifica lo ilimitado de los derechos de uso y explotación, tomando en cuenta que el verdadero capital que es la esencia de todo conocimiento y desarrollo científico técnico es el capital humano.
La abogada denuncio: "El actual sistema de investigación y desarrollo de medicamentos no es transparente, ni en los costos reales de investigación, ni en las formas como se deciden las prioridades para investigación".
“Las patentes de invención son un permiso de explotación monopólico, que se otorga en un territorio nacional, por un período de 20 años, sin embargo tratados internacionales condicionan y presionan por flexibilizar su otorgamiento en función de proteger al gran capital”.
Esta investigadora mostró preocupación por el ensanchamiento de la brecha existente entre los países industrializados y los no industrializados, y el marcado deterioro económico y social para los países no industrializados adjudicándole como elemento propiciador de esta coyuntura el monopolio de patentes. Esto debido a que los países desarrollados tienen la mayor concentración de las licencias monopólicas de patentes, siendo costosas para los países en desarrollo, por lo cual en el intercambio comercial los países subdesarrollados mantienen superavit de ingresos, mientras que los países en desarrollo pierden al tener altos niveles de dependencia.
Andrea Coa. Escritora venezolana, con su ponencia: Derecho de Autor, ¿Que ganan los autores?
La autora indico: “Hay unos puntos que están en el derecho y otras están en la realidad, en el papel los derechos de autor del creador están protegidos, pero en la realidad el autor vende sus derechos, o si la obra es por encargo cede todos sus derechos a la empresa”.
“El interés del creador es el crecimiento espiritual, no es el mercantil. El creador es también usuario de las obras, producciones y creaciones, pero los que se quedan con estas son las empresas”, acoto Coa en el mismo orden de ideas.
Seguidamente dijo: “Hay muchos autores escritores que han tomado la decisión de divulgar su obra por internet, de manera gratuita, ante los abusos de las editoriales”.
Opino Coa que el derecho de autor y el derecho de usuario no están en contradicción. Entender esto impediría que terceros usurparan esos derechos, para mercantilizar la obra para su lucro, a lo que se agrega la imposición de las empresas de incluir en las obras ideas y pensamientos para ideologizar al colectivo con un interés político de obtener un pensamiento único que garantice que el sistema capitalista y sus formas políticas se mantengan.
Para concluir se refirió esta autora a la necesidad de crear una ley socialista del derecho de autor, pudiéndolo hacer aun con el artículo 98 de la Constitución de 1999, o hacer una ley de los derechos culturales, poniendo primero el derecho de los usuarios, en segundo lugar los derechos de los productores e interpretes. “No hacerlo sería un triunfo para las empresas transnacionales” recalco.
Jeanpiere Anaya. Internacionalista.
La privatización de los conocimientos impide su desarrollo de manera mancomunada y colectiva con la concurrencia de muchas voluntades, científicos, técnicos, y en general de la inventiva del pueblo y los trabajadores en general. Una opción que intenta romper con esta dinámica es el software libre. Contrapuesto al software de licencia privada o copyright, o software cerrado, que no permite conocer, ni modificar los códigos fuentes.
En sus inicios el software era un accesorio que acompañaba a las máquinas o equipos computarizados. Luego se crea la licencia y las características de su uso, definiéndose sobre el tipo de restricciones que tendría el usuario.
Como avance en Venezuela el decreto 3390 favorece el uso del software libre en las instituciones del Estado.
El Software Libre rompe los paradigmas sobre el derecho de autor, que tiene su origen con la creación de la imprenta, ahora podemos incorporar en los soportes informáticos abiertos bases de datos de diferentes áreas del conocimiento.
Quien decide que se exhibe, que se vera en un concierto es quien comercializa y no el productor o los usuarios.
Hay una propuesta para crear una base de datos de código abierto para crear medicamentos.
La Wikipedia es un ejemplo de como una base de datos que se basa en la copyleft, copia libre, permitió que se construyera y mejorara en poco tiempo por la colaboración voluntaria y colectiva de muchos usuarios con conocimientos, superando enciclopedias que impulsan propietarios capitalistas tal como la Enciclopedia Británica o Encarta de Microsoft.
Quienes producen software libre lo hacen sustentable porque comercializa servicios de apoyo técnico para el uso del software libre.
Los artistas que difunden su música en base a copyleft no pierden oportunidades de comercializar, a la vez que defienden sus derechos morales, tienen una mayor demanda y mayor poder de negociación con las empresas que comercializan ya que el obtener mayores preferencias de los usuarios y el publico les permite obtener mejores precios y condiciones para negociar con las disqueras y publicistas.
Con las alternativas libres a la difusión del conocimiento, el gran ganador es la sociedad, ya que aumenta su acceso a la cultura, sus capacidades creativas, el acceso a herramientas tecnológicas y a fortalecer su identidad y valores en una sociedad cada vez más interconectada.
Daniel Hernández. Diputado de la Asamblea Nacional en su alocución sobre "La Propiedad Intelectual en el Capitalismo" argumento:
"Es muy difícil avanzar en la comprensión de la propiedad intelectual, si no entendemos que es la propiedad y que es lo intelectual, y de como el capitalismo se apropia de lo intelectual. Si intento ser reconocido para cobrar mas, llego al mismo punto de partida. Lo que vendemos cuando trabajamos es nuestra fuerza de trabajo, energía para hacer cosas, de la cual se apropia el capitalista, apropiándose del producto. Ud. es subjetividad, de amores, dolores, defectos. Se habla del sujeto de manera peyorativa, cuando es el único portador de humanidad, cuando trabaja convierte su subjetividad en un objeto, por eso puede ser expropiada. Aristotéles decía la praxis esta en el acción, como te pueden quitar la acción, se te expropia el producto final. Se ha mitificado a las maquinas de tecnologías de la información, cuando son manufacturas. No se me expropia únicamente el producto final, si no que se expropia todo el proceso, expropiando saberes, cualidades, habilidades. Un asalariado es por ejemplo un ingeniero de punta. Todo aquel que vende su fuerza de trabajo es un asalariado”.
Concluyo finalmente que: “Solo cambiando las estructuras y relaciones de producción podremos lograr la inclusión social y el desarrollo equilibrado y sustentable de las fuerzas productivas”.