De criminales y piratas: Kit Imperial.

Por: Colectivo Brújula al ALBA
Fuente: Rebelion.org

En un excelente artículo titulado La Criminalización a través de la “Piratería”, publicado recientemente por Eduardo Samán (verhttp://www.aporrea.org/tecno/a38613.html), se describen claramente los mecanismos empleados por los países centrales, para crear una matriz de opinión que presente a la supuesta “piratería” como un delito criminal, explicando en detalle y con un conocimiento acabado de la materia, las diversas aristas que presentan estos nefastos mecanismos de dominación.
En ocasión de celebrarse el día internacional de la Propiedad Intelectual (26 de abril), el colectivo Brújula al ALBA publicó su artículo titulado Piratería como chantaje político (ver http://aporrea.org/tecno/a34009.html) donde hace mención a la presentación, en instalaciones de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, de los resultados de una encuesta que develaba el alto consumo de productos pirateados particularmente por el sector de mayor poder adquisitivo de la población argentina, lo que evidenciaba que las políticas implementadas por el Estado Argentino propiciaban la piratería y que los argentinos “generan y consumen piratería”.
En consecuencia, la Cámara de Comercio Argentino Norteamericana propondría al Gobierno Argentino un proyecto de reforzamiento de las medidas de control en las fronteras relacionadas con la falsificación de marcas y la elevación de penas para el delito denominado “piratería”. Allí estaban presentes en conferencia de prensa también el encargado de relaciones externas del laboratorio Merck, el presidente del Citibank, y el presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la Argentina, noticia publicada un día después en el diario Infobae digital de ese país.
Ese mismo día se publicó en Buenos Aires, un artículo en el diario El Cronista titulado “Fomentar la creatividad: la mejor razón para proteger la propiedad intelectual”, firmado por el Embajador del país del Norte, señor Earl Anthony Wayne. Su relato comienza afirmando: “Cuando la protección de los derechos de propiedad intelectual falla, los resultados pueden ser mortíferos”, señalando dos hechos, en 1998 fallecen treinta niños en la India, y en 1995 ochenta y nueve niños en Haití como resultado del empleo de un anticongelante en un jarabe; señala además que en 1995 el accidente de un avión noruego fue adjudicado a un tornillo falsificado utilizado en un fuselaje, y por eso deberíamos preocuparnos por proteger la propiedad intelectual.
Esta asociación canallesca, es un paso más en la instalación de políticas de criminalización de la economía informal y de los gobiernos, con el castigo de incorporarl a estos a la “temerosa lista 301” de la USTR [en Chile por ejemplo, luego de esta incorporación el gobierno cedió a la presión de las multinacionales para crear el instituto chileno de propiedad industrial, antigua exigencia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)], del mismo modo un sinnúmero de artículos periodísticos circulan permanentemente en periódicos pertenecientes a grandes medios en Latinoamérica y el Caribe, mencionando la confiscación de material pirateado, el encarcelamiento de los “criminales” de la propiedad intelectual o, en su versión internacional, la relación entre el financiamiento de actividades “terroristas” y la piratería, difundidos por varios funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. El kit de lobby imperial incluye entonces: la elevación en años de protección por “derechos de autor” en complicidad con asociaciones de gestión autoral (por ejemplo SGAE en España; SACVEN en Venezuela, SADAIC en Argentina) para editoras, disqueras, empresas de radiodifusión, etc., la elevación de penas a los “delincuentes piratas” que copian sin autorización productos de consumo masivo, la concesión indiscriminada de patentes sin altura inventiva en las oficinas de patentes, la modificación de leyes de propiedad industrial para elevar la protección por patentes, el aumento en el control de fronteras para mercancías, el lobby sobre las oficinas de propiedad intelectual para someterse a los designios de OMPI, la presión para adherir a tratados internacionales (PCT, SPLT, etc.), la amenaza económica y el chantaje político.