jueves, 25 de septiembre de 2008

Arengando a combatir la piratería: Australiano es confirmado como nuevo director general de OMPI

Contra -Marcas

Después de vencer en mayo al representante de Brasil en una apretada votación (42 a 41), el comando de la organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), ha confirmado por unanimidad al abogado Francis Gurry, el día 22 de septiembre, como nuevo director general de la organización. La confirmación se realizó durante el primer día de la Asamblea de los Estados Miembros de la OMPI que finalizará el día 30, en Ginebra (Suiza).
En su discurso, llamó a la atención sobre obtener mayores eficiencias en el examen de patentes, sin comprometer la calidad, debido a que existen 3 millones de solicitudes de patentes esperando ser examinadas en las oficinas nacionales de todo el mundo.
El nuevo director, quien remplaza a Karl Idris (tras un escándalo por modificar su fecha de nacimiento para ingresar a OMPI) resaltó la importancia de encontrar soluciones a la creciente demanda de servicios de patentes en todo el mundo, además de destacar la necesidad de reflexionar sobre el papel de OMPI en la “lucha” contra el comercio internacional de mercancías falsificadas y “pirateadas”.
Esta organización mundial especializada en propiedad intelectual, depende de las Naciones Unidas y es claramente controlada por los Estados Unidos (Gurry era su candidato) con el mandato de “cooperar” con las oficinas nacionales de marcas, patentes y derechos de autor de países en desarrollo, instándolos a participar de políticas de criminalización auspiciadas por los países del Norte.
Gurry, asumirá el nuevo puesto a partir del 1ro de octubre y se quedará hasta septiembre de 2014.

Lacayos en el “combate mundial” contra la piratería: Gobierno de México hace punta en el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA)

Carlos Neo

En franco alineamiento con las políticas impulsadas por el gobierno de los Estados Unidos, el 23 de octubre del 2007 y derivado del compromiso del Gobierno de México sobre la protección de los derechos de “propiedad” intelectual, se anunció oficialmente que participaría en discusiones preliminares conjuntas con Canadá, Estados Unidos de América, Japón, Unión Europea, Suiza, Nueva Zelanda y otros países en una propuesta de un Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés).
El Gobierno de México dice estar comprometido a mejorar la protección de “propiedad” intelectual nacionalmente, y asegura que la “piratería” y falsificación se han vuelto asuntos de escala mundial que requieren “soluciones internacionales”. Para ello se ha involucrado en discusiones de esta índole, incluyendo el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Organización Mundial de Comercio (OMC), Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN).
El Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA) propuesto por la administración Bush y considerado por los G-7, pretende establecer nuevos estándares, aún más elevados que los acuerdos ADPIC, para la observancia de los derechos de propiedad intelectual (DPI) y “combatir” de manera eficiente el crecimiento prolífico del comercio de bienes “piratas” y falsificados. Estos conceptos son en realidad eufemismos que ocultan una violenta política de criminalización de actividades y servicios culturales y tecnológicos que tienen como destinatarios a los mayoritarios sectores populares mexicanos, y del resto de países en desarrollo.
El ACTA incluye 3 áreas: a) incrementar la cooperación internacional, b) establecer mejores prácticas para la observancia; y, c) proporcionar un marco legal más efectivo para combatir la “piratería” y falsificación.
La cooperación entre las partes del acuerdo será un aspecto vital del ACTA – específicamente cooperación e intercambio de información entre las autoridades encargadas de la observancia, incluyendo aduanas y otras agencias responsables como las polacas, oficinas de marcas y patentes, derechos de autor, fiscalías y juzgados.
Algunas posibles disposiciones en esta área podrían incluir:
• Cooperación internacional entre autoridades encargadas de la observancia; y
• Capacitación y apoyo técnico para el mejoramiento de la observancia.
Los impulsores del ACTA creen que es crucial establecer mejores prácticas de observancia que promuevan una fuerte protección conjuntamente con los socios comerciales (en particular Estados Unidos y Canadá) y los titulares de los derechos (empresas disqueras, editoriales, tecnológicas, automovilísticas, farmacéuticas, etc, todas transnacionales). Estas prácticas deberán de apoyar la aplicación de las herramientas legales relevantes inlcuyendo la creación de leyes especiales.
Las áreas para posibles disposiciones incluyen:
• Grupos de asesoría formal o informal público/privada sobre piratería y falsificación
• Fomentar la existencia de peritos/expertos en propiedad intelectual, dentro de las estructuras de observancia de la ley para asegurar un adecuado trato a los casos que se presenten en materia de propiedad intelectual
• Medidas para el aumento de la concientización pública sobre la importancia de la protección de los derechos de propiedad intelectual, así como también mostrar los efectos del detrimento causados por infracciones de DPI
El último pilar del ACTA incluye proveer a los ciudadanos, autoridades encargadas de la observancia y el poder judicial, las herramientas apropiadas para tratar de manera efectiva con la falsificación y “piratería” a través de un “fuerte y moderno” marco legal.
Las áreas para posibles disposiciones incluyen:
• Observancia en materia penal (equiparar la “piratería” -copia no autorizada por su autor- con delitos de mayor condena social como el narcotráfico y terrorismo)
• Medidas en frontera (aumento de controles)
• Observancia en materia civil (aumento de penas y multas)
• Piratería de discos ópticos (en realidad impulsada por las mismas compañías disqueras y aceptada por la mayor parte de los autores populares)
• Distribución vía internet e información tecnológica (eliminar los esquemas P2P y bitorrents)

Los participantes en la primera reunión formal discutieron la propuesta del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación que se llevó a cabo el 3 y 4 de junio de 2008, en la Misión Permanente de Estados Unidos en Ginebra, en cuya reunión los participantes discutieron los diversos aspectos del acuerdo.
Se trataron varios temas, siendo el principal “Medidas en Frontera”, particularmente la manera de actuar a petición de parte, así como el otorgar facultades para actuar de oficio, relacionado a los derechos de “propiedad” intelectual a gran escala.
En este sentido, los participantes intercambiaban puntos de vista y diversos conceptos y acciones en sus legislaciones respectivas por lo que se acordó que el “trabajo substantivo continuará” en los meses venideros tratando de enfocarse en tema específicas para lograr el “mayor avance” posible.
Tentativamente se acordaría que la siguiente reunión sería a mediados de julio para continuar con las discusiones sobre medidas en frontera tomando en cuenta los comentarios y discusiones de esta reunión, así como también se explorarán temas en materia civil.
Asimismo, los participantes discutieron el compromiso futuro que deberán tener los interesados en la materia de “propiedad” intelectual, incluyendo diversas autoridades y al sector privado para proceder primero en el nivel nacional para identificar las posibles oportunidades para el futuro.
Las delegaciones participantes incluyeron a: Australia, Canadá, Unión Europea (representada por la Comunidad Europea y estados miembro, así como la Presidencia –Eslovenia-), Japón, Jordania –que no tiene mandato-, Corea, México, Marruecos, Nueva Zelandia, Singapur, Suiza, Emiratos Arabes Unidos y EUA.
Las discusiones en la propuesta del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación continuaron en Washington, DC del 29 al 31 de julio del presente. Los participantes que asistieron incluyeron a: Australia, Canadá, la Unión Europea (representada por la Comisión Europea y Estados Miembro, incluyendo la Presidencia -Francia-), Japón, Corea, Marruecos, Nueva Zelandia, Singapur, Estados Unidos y México.
Los participantes buscan terminar la negociación a finales de este año y reafirmaron su meta de “combatir mundialmente” infracciones de los derechos de propiedad intelectual (DPI), particularmente en el contexto de falsificación y piratería mediante el incremento de la cooperación internacional, fortalecimiento del marco de prácticas que contribuyen a una observancia eficiente y fortaleciendo dichas medidas de observancia de los DPI.
La reunión del 29 al 31 de julio ha sido la última de la serie de reuniones para el desarrollo de diversos aspectos del acuerdo propuesto. La discusión se enfocó en materia civil para infracciones de DPI, incluyendo temas como medidas preliminares, preservación de evidencia, daños y, cuotas legales y costos. Los participantes también continuaron con las discusiones previas sobre medidas en frontera de DPI.
Acordaron en seguir con consultas públicas a través de procesos nacionales así como compartir el resultado de este tipo de consultas en la próxima reunión y continuar explorando “oportunidades” en dichas consultas en relación a las reuniones futuras del ACTA.
Finalmente hicieron un importante “progreso” en estas discusiones y acordaron en continuar con su trabajo en otra reunión substantiva a realizarse en un momento conveniente para todos en un futuro cercano.
La “vanguardia” del gobierno de México en las políticas de criminalización de los sectores populares a través del nuevo instrumento “propiedad intelectual” es el inicio-continuación de una avanzada a escala mundial de políticas capitalistas corporativas que lanzan salvavidas de plomo para evitar su cada vez más cercano hundimiento.

miércoles, 24 de septiembre de 2008

Brasil combate la Piratería a ritmo de Samba. Oficina de propiedad industrial se asocia a cámara de comercio de Estados Unidos

Jorge de Paula Costa Ávila, a la Izquierda?? de la imagen.

Observatorio Seamos Libres

Estados Unidos utiliza a su cámara de comercio (American Chamber) para accionar policialmente contra la comercialización de copias no autorizadas conocidas por copias “pirateadas” y llegar así a establecer relaciones amistosas con los organismos nacionales encargados de aplicar las leyes sobre marcas y derechos de autor.

La asociación de Amcham con el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial del Brasil (INPI-BR), presidida por Jorge de Paula Costa Ávila, incluye el Proyecto “Escuela Legal”, del mismo modo que en México se realiza el concurso para formar “inspectores infantiles contra piratería” y en Argentina se preparan cursillos para alertar contra esta “modalidad criminal” de acuerdo a los expresado por las autoridades del organismo de propiedad industrial del gobierno argentino.

En Brasil, Amcham e INPI comenzaron su “parcería” en el 2007 realizando debates y seminarios sobre piratería para más de 1.400 alumnos de 7 a 14 años, en cinco escuelas de San Pablo. En 2008, el plan de expansión incluye 100 escuelas y casi 30.000 alumnos en varios estados de Brasil. En esta fase, el INPI-BR entrará directamente en las ponencias de acuerdo a lo expresado por sus autoridades.

En otro acuerdo con la poderosa FIESP, Federación de Industrias del Estado de San Pablo, el “combate a la piratería” incluirá policías rodoviarios federales y funcionarios de la Receita Federal.

La penetración de la doctrina neoliberal en funcionarios del gobierno brasileño llevó a decir a la encargada de la Academia de Propiedad Intelectual de Brasil, Rita Pinheiro Machado, en un reciente Foro realizado en la Triple Frontera Brasil-Argentina-Paraguay: “todo el mundo sabe que la piratería alimenta la industria del crimen y aún así, la venta de productos ilegales continúa creciendo”

sábado, 20 de septiembre de 2008

Perversión en instituciones latinoamericanas de propiedad intelectual. México propone formar “inspectores infantiles contra la piratería”

Jorge Amigo (de E.E. U.U.) Castañeda


Observatorio Seamos Libres


La penetración norteamericana en cuestiones de propiedad intelectual avanza de manera perversa en las políticas nacionales de varios países latinoamericanos, al parecer sin escrúpulos a la hora de beneficiar a las grandes corporaciones.
El impulso de iniciativas asociadas a la denominada “piratería” comienza a utilizarse en defensa de los intereses de empresas norteamericanas en territorio mexicano; del mismo modo que se extiende a otros países latinoamericanos grandes consumidores culturales como Brasil y Argentina.
El segundo concurso de dibujo infantil “Por el respeto a las ideas.Los niños contra la piratería!”, abrió su convocatoria con la finalidad de “crear conciencia” entre la población infantil sobre los derechos de propiedad industrial y de autor.
Durante una conferencia de prensa se informó que la invitación a este “concurso infantil” está abierta para que los niños mexicanos se conviertan en “inspectores infantiles contra la piratería”, con una credencial que le será otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) al momento de inscribirse al concurso.
Su director, Jorge Amigo Castañeda (uno de los recientes frustrados candidatos a dirigir la oficina mundial de propiedad intelectual) destacó sin sonrojarse que serán premiados los tres primeros lugares de cuatro categorías: “A” para niños de 6, 7 y 8 años, “B” para 9 y 10 años, “C” 11 años y “D” para niños con capacidades especiales.
Orientado por su “oficina madre”, la norteamericana oficina de marcas y patentes (USPTO, siglas en inglés), subrayó que la entrega de premios se llevará a cabo el próximo 24 de abril de 2009, en el marco de conmemoración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual.
Lo singular del policíaco concurso será que todos los niños participantes podrán reportar casos en sus comunidades y hasta “en su propio hogar” denunciando a sus maestros, a sus padres y a otros familiares.

jueves, 18 de septiembre de 2008

Oficina de patentes de Brasil auspicia políticas de criminalización neoliberal

Contra-Marcas
Rebelión

Las políticas en materia de propiedad intelectual impulsadas por los Estados Unidos y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual van permeando imperceptiblemente las oficinas de marcas y patentes de Sudamérica.
Durante el denominado Foro de la Triple Frontera llevado a cabo entre los días tres y cinco de septiembre en la ciudad de Foz do Iguazú, la oficina de patentes brasilera INPI-BR, planteo sus “urgencias” en relación al espinoso tema del “combate” a la “piratería” y la “falsificación de productos” o fraude marcario.
Con la misma estrategia que utiliza los Estados Unidos para demostrar por medio de supuestas encuentas que las compras de productos no originales va en aumento, se intenta criminalizar la actividad comercial realizada por miles de trabajadores informales en toda la región.
La coordinadora de la Academia de Propiedad Intelectual del INPI, Rita Pinheiro Machado sostuvo en dicho Foro que “estas prácticas son “criminales”, alentando a los órganos públicos de los estados a participar en ese “combate” comenzando desde las escuelas.
Como es bien conocido fuera de la oficina brasilera de marcas y patentes, el término “piratería” es utilizado por las grandes empresas transnacionales con el objetivo de estigmatizar la venta informal de productos y elevar un delito menor de simple infracción a la categoría de delitos criminales.
Este argumento es utilizado por las agencias gubernamentales DEA, CIA, FBI y USAID quienes asocian falazmente la “piratería” al narcotráfico y la financiación del terrorismo para presionar e inducir a los gobiernos de países en desarrollo a modificar sus regímenes de aduanas, marcarios y penales, elevando así las penas y multas asignadas a estas infracciones en las legislaciones nacionales.
En la actualidad, Estados Unidos impulsa los denominados acuerdos ACTA contra la piratería y para ello intenta introducirlo en los tratados regionales de los países del sur, tales como el MERCOSUR o la CAN.
Las oficinas de la mayor parte de los países actúan por fuera de sus gobiernos, auspiciando este tipo de tratados neoliberales en sintonía con la política norteamericana.

miércoles, 10 de septiembre de 2008

Propiedad intelectual: asunto de vida o muerte


Hablemos de propiedad intelectual. En primera instancia, es algo que tiene que ver con cosas intangibles. Por ejemplo una historia en un libro; una película; una canción en un disco. El dueño se supone ser aquella persona que escribió la historia o rodó la película o compuso o interpretó la canción. Generalmente los verdaderos dueños son las corporaciones editoriales, cinematográficas o disqueras que producen y comercializan el libro, la película o el disco. También la propiedad intelectual se extiende al conocimiento contenido en el software que permite hacer diversas operaciones en una computadora, o el que está presente en una fórmula química utilizada para producir un medicamento.
Hasta aquí, el asunto está relacionado con invenciones o creaciones producto del intelecto o talento humano. Pero resulta que de un tiempo para acá la propiedad intelectual se viene endureciendo y, entonces, han empezado a patentar cosas que la mente humana descubre pero no crea; por ejemplo, el genoma. Y, por esa vía, el proceso va camino de expropiar, apropiarse y privatizar la vida. Así, ya no es cosa de ficción el que un particular gen dejé de pertenecer a la persona que lo aportó, y se convierta en propiedad de una empresa de biotecnología que lo “estudió”. Y ni hablar de las semillas, cuya apropiación privada coloca a los pueblos agricultores del mundo a merced de los caprichos de las transnacionales.
Esto tiene su historia. Los primeros acuerdos internacionales en la materia datan de finales del siglo XIX (Convenio de París, 1883; Convenio de Berna, 1886). Luego el proceso avanzó lentamente. Sin embargo, en el período reciente, y más agudamente en los últimos 15 años, la cosa se aceleró espectacularmente. Un hito importantísimo es el que aportan los acuerdos que fundaron en 1994 la Organización Mundial del Comercio (OMC). Uno de esto es el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, mejor conocido como ADPIC (o TRIPS en inglés).
Ese impulso que adquiere la tal propiedad intelectual en los últimos decenios está relacionado, sin duda, con los desarrollos recientes del capitalismo a nivel mundial y, en particular, con las características de las nuevas tecnologías. La copia es inherente a estas tecnologías. Se puede copiar sin límite y prácticamente sin costo. Y, por otra parte, los bienes que se producen tienden a ser, en general, de una naturaleza intangible. O, dicho de otra forma, son bienes informacionales, es decir, constituidos por información (la historia en el libro; la canción en el disco; la película; la fórmula química de la medicina). Lo material es solo un soporte, no el bien mismo. Justo esa naturaleza informacional facilita la copia.
Pero, además, esto se da en un contexto más amplio: el del avance del capitalismo hacia áreas que en el pasado le estaban vedadas. Tal es el hipercapitalismo de que habla Rifkin o, dicho de otra forma, la conversión en mercancía de, literalmente, toda cosa o aspecto imaginable. Incluidas el agua, la biodiversidad, el conocimiento, la cultura…la vida humana.
De tal modo, podemos decir que la propiedad intelectual tiene, al menos, una doble faceta.
· Primero, es una estrategia destinada a construir monopolios privados alrededor de los bienes informacionales. Se establecen legalmente y bajo tutela del Estado y su finalidad es, sin asomo de duda, garantizar ganancias extraordinarias a favor de las transnacionales.
· Segundo, es un poderoso instrumento al servicio del proceso de ampliación de la mercantilización, apropiación y privatización de áreas que históricamente han estado en el dominio público o vedadas al capital y la ganancia
Para justificar esto, hablan acerca de la importancia de incentivar la creatividad y la innovación y, además, satanizan la copia. Tan solo diré, dejando los detalles para otro momento, que ambos argumentos son frágiles y están bajo severo cuestionamiento.
Las medicinas
Este es uno de los aspectos que mejor ilustra acerca del carácter retorcido de la propiedad intelectual. En los acuerdos sobre propiedad intelectual de la OMC (los ADPIC, 1994), se estableció que las patentes deberían tener vigencia por 20 años. Antes de eso, existía en esta materia gran flexibilidad, al punto que, por ejemplo, la ley sobre patentes de Costa Rica (número 6867) en su versión del 25 de abril de 1983, establecía que las medicinas gozarían de patente tan solo por un año. Todavía entonces, la salud importaba más que las ganancias de las corporaciones.
Además los ADPIC contienen regulaciones que limitan la posibilidad de producir medicinas genéricas más baratas. Sin embargo, estos acuerdos introdujeron en su artículo 31 algunas flexibilidades que permitían producirlas, en caso de existir graves situaciones de salud pública que así lo justifiquen. Sin embargo, estas medicinas solo podrían utilizarse en el propio país, sin posibilidades de exportarlas. La reforma a la ley 6867 de enero de 2000, hacía efectivos para Costa Rica tales compromisos, incluyendo lo relativo a la posible producción nacional de fármacos genéricos.
La imposibilidad para exportar e importar medicinas genéricas generó mucha preocupación, especialmente entre países como los africanos al sur del Sahara, urgidos de medicamentos baratos pero carentes de capacidad para producirlos. Ello motivó la famosa Declaración de Doha, del 14 de noviembre de 2001, cuyo párrafo 6 reconocía la legitimidad del reclamo planteado por esos países muy pobres y, además, encomendaba a la instancia administrativa correspondiente que formulara una solución práctica. Esto llevó al acuerdo del Consejo General de la OMC (30 de agosto de 2003), el cual establecía las reglas para dar aplicabilidad a lo dispuesto por la Declaración de Doha y abría, entonces, la posibilidad de exportar e importar medicamentos genéricos.
Hasta aquí, la cuestión no pinta tan mal. Pero el cuadro se vuelve terrorífico al observar lo que la Asamblea Legislativa de Costa Rica ha aprobado como parte de la llamada agenda de implementación del TLC con Estados Unidos. Primero, es preciso indicar que jamás se introdujo en nuestra legislación lo dispuesto ni en la Declaración de Doha ni el acuerdo del Consejo General de la OMC que daba operatividad a esa Declaración. Y aunque esto es grave, lo es mucho más el que la reforma de la ley de patentes (la 6867), aprobada en marzo de 2008 ¡abierta y descaradamente tira la Declaración de Doha al canasto de la basura! Así de simple y así de terrible.
Esa reforma legal debilita la vigencia del mecanismo de las licencias obligatorias, y, por lo tanto, pone en riesgo nuestra capacidad para producir medicinas genéricas. Pero, además, en cuanto a la posibilidad de exportar o importar tales genéricos, lo que se estipula claramente nos devuelve al ADPIC, 14 años atrás ¡Es como si la Declaración de Doha (noviembre 2001) y el acuerdo posterior del Consejo General de la OMC (agosto 2003) jamás hubiesen existido!
Bien que advertimos que TLC traería consigo este tipo de nefastas consecuencias. No olvidemos que, en todo caso, están planteadas reformas que establecerían restricciones aún más severas.
Esto es asunto de vida o muerte, porque de por medio está la salud de la gente. Y, por cierto, es a propósito de normas como estas donde queda claro quien defiende la vida concreta de personas concretas, y quien habla de la vida como una abstracción sin contenido, buena tan solo como recurso demagógico y como maquillaje para sus odios y prejuicios. Aparte políticos como los Arias, su G-39 y su Sala IV, en esta segunda categoría entra la jerarquía católica, ciertos pastores evangélicos y esa plétora de ONG’s fascistas que hoy se recubren con trajes religiosos.


http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/43615

martes, 9 de septiembre de 2008

Reseña del libro Derecho de ¿autor? El debate de hoy, de Lillian Álvarez Navarrete.¿Defensa de la propiedad intelectual o del monopolio cultural?


Derecho de ¿autor? El debate de hoy
Lillian Álvarez Navarrete
Instituto Cubano del Libro
Editorial de Ciencias sociales.
Calle 14 nº 4104, Playa, Ciudad de La Habana - Cuba
editorialmil@cubarte.cult.cu

Uno de los pilares fundamentales que sostienen el actual régimen económico mundial es la creciente importancia de los bienes inmateriales. Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania o Japón son grandes potencias económicas gracias, entre otros factores, a los acuerdos internacionales de protección de las propiedades industrial e intelectual. Paralelament, la economía globalizada, la que permite invertir, vender, transferir ingentes sumas de capitales en cualquier parte del mundo, es la que ha hecho posible el nacimiento de Internet. La neutralidad tecnológica necesaria para llevar a cabo esta función ha conllevado que esta misma red haya puesto en cuestión los privilegios inherentes a la legislación internacional sobre el derecho de autor.
Sin embargo, todavía son pocas las obras jurídicas que han estudiado esta materia en profundidad, y menos aún las que se alejan del positivismo keynesiano dominante en las facultades de Derecho y se atreven a investigar sin dejar de lado el componente ético y social del Derecho. Por ello, debemos celebrar la publicación del libro Derecho de ¿autor? El debate de hoy, de Lillian Álvarez Navarrete. La autora es Licenciada en Derecho por la Universidad de La Habana y está especializada en temas de Derecho de la Cultura. En la actualidad trabaja en la organización “En defensa del conocimiento y la cultura para todos”.
En esta obra se realiza un completo estudio del derecho de autor, en el que Álvarez Navarrete no se limita a hacer un metódico catálogo de las normas vigentes en la materia sino que, sobre todo, describe las disfunciones del sistema actual impuesto desde la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, gobernada y controlada por Estados Unidos y sus aliados. Lillian Álvarez Navarrete analiza desde su raíz todo el derecho de autor, comenzando por cuestionar el concepto mismo de autor: “El autor es un personaje moderno y se ha asimilado de acuerdo a la concepción de cada época se le ha otorgado: el anonimato medieval, el individualismo del genio romántico o la exaltación del autor superestrella con la obra con éxito comercial”. La autoría, según la mayoría de las legislaciones vigentes, se fundamenta en la “novedad” de la creación; sobre este término tan indeterminado la autora entiende que “ la originalidad absoluta no existe. El creador, al hacer su obra, utiliza muchas fuentes de inspiración, utiliza el lenguaje, las imágenes, el sonido, los ritmos, los colores, los movimientos o los sentidos, técnicas, géneros, materiales que toma de la creación precedente... No es justificable ética y culturalmente la existencia de normas tan increíblemente restrictivas que separan, identifican y diferencian al creador y al espectador o receptor”. También nos recuerda el libro la distinción entre autoría y titularidad, algo obvio pero silenciado en este debate dominado y dirigido, como todos, por los grandes medios de comunicación.
Este ordenamiento jurídico, que prima el individualismo sobre la colectividad, no sólo conlleva un injusto desplazamiento patrimonial hacia estos autores “superestrellas” y las industrias audiovisuales que los sostienen, sino que ha hecho mella también en las culturas tradicionales; la autora recuerda que el sistema de valores occidental no es el único sistema “ni el único capaz para servir de base para engendrar normas universales, que contengan la respuesta conceptual y jurídica a tan diversas y heterogéneas formas de crear”.
El gigantismo de los derechos de propiedad intelectual e industrial ha acarreado varias consecuencias. La primera es que el precio desorbitado de los bienes culturales, la posibilidad de su digitalización y el nacimiento de Internet ha permitido que los usuarios los compartan de forma gratuita, algo que los grandes medios y el lobby audiovisual han bautizado como “piratería”. La segunda ha sido la creación de las licencias libres, especialmente en el ámbito de los programas de ordenador, donde la licencia GPL, utilizando la legislación restrictiva sobre propiedad intelectual, ha conseguido “infectar” el sistema y que cada vez sea mayor la cantidad y calidad de software libre. El libro, como no podría ser de otra forma, también se hace eco de estas alternativas; en concreto estudia la licencia citada, así como las Creative Commons, que se pueden utilizar en cualquier otro ámbito de creación (literario, artístico...). Por último, la autora relata la experiencia cubana, donde la libertad de la difusión cultural fue consecuencia natural y necesaria del bloqueo que sufre la isla por parte de Estados Unidos y que forzó desde los inicios de la Revolución a publicar libros y utilizar software al margen del mercado internacional de estos productos.
En suma, se trata un libro indispensable para quienes estén interesados en el derecho de autor, puesto que hay pocas obras tan completas como la de Lillian Álvarez Navarrete, la cual, por supuesto, está publicada bajo una licencia que permite su reproducción siempre que no sea con fines comerciales.
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marcarlosARROBAgmail.com

El Acuerdo de Comercio Anti-Piratería (ACTA) podría afectar a la intimidad de las personas


Diane Bartz
Algunos expertos en propiedad intelectual temen que una propuesta de pacto internacional contra la piratería genere intrusiones en la vida de las personas, como en el caso de registros de ordenadores y reproductores portátiles en las fronteras, donde los agentes de aduanas buscarían música y películas obtenidos ilegalmente.
El Acuerdo de Comercio Anti-Piratería (ACTA, en sus siglas en inglés), anunciado el pasado octubre por la representante de comercio de EEUU Susan Schwab, se está negociando con Canadá, los 27 miembros de la Unión Europea, Japón, México, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Suiza, y tiene previsto completarse a finales de 2008
El tratado se está negociando con el apoyo de sectores como el cine y la música, que han intentado defender de forma agresiva sus obras de la falsificación, la piratería comercial y la copia en Internet, y de forma que, por ejemplo, en Estados Unidos, no necesitaría la aprobación del Senado.
"Los consumidores no han sido invitados a este proceso. Es un puñado de (representantes de la) industria y no hay equilibrio", denunció Susan Sell, directora del Instituto de Estudios Globales e Internacionales en la Universidad George Washington.
Sell y el grupo de derechos digitales Public Knowledge creen que la industria del cine y de la música ya han ido demasiado lejos combatiendo la piratería, exigiendo la ayuda de los proveedores de Internet para identificar a los sospechosos de piratería o demandando a miles de personas por intercambiar archivos.
En cuanto a los registros de dispositivos electrónicos en las fronteras, un representante de las autoridades comerciales de EEUU indicó que es una práctica legal desde hace tiempo, y que ahora intenta aplicarse al ACTA.
Ayuda de los proveedores
Otro tema en cuestión es cuánto deben ayudar los proveedores de Internet en identificar a los piratas.
En Estados Unidos, la industria discográfica ha tomado medidas legales para obligar a los proveedores a identificar los ordenadores utilizados para subir material registrado. Pero entregar esa información a una empresa podría resultar especialmente polémico en España, Italia y Alemania, países con estrictas leyes de privacidad.
En este sentido, la industria del cine cree que la protección de la privacidad está entorpeciendo sus esfuerzos para proteger su propiedad intelectual.
Por el contrario, los defensores de los consumidores afirman que la batalla legal sobre si la industria del cine puede perseguir a los propietarios de un DVD que copian la película a su ordenador para uso privado -algo que no sería un problema en el caso de música o literatura- es un ejemplo de cómo se está poniendo trabas al consumo legítimo de los ciudadanos.

Embajador norteamericano elogia a funcionarios del Gobierno Argentino por sus “esfuerzos” en propiedad intelectual


Un nuevo capitulo en materia de las controvertidas políticas de propiedad intelectual se desarrolló esta semana en la República Argentina con la participación del embajador de Estados Unidos, Earl Wayne, quien "disertó" el 3 de septiembre pasado sobre la importancia de "proteger" la propiedad intelectual en el marco de la III Jornada Anual sobre Propiedad Intelectual: Estrategias Público Privadas para "combatir la falsificación" de productos, evento organizado por la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana (AmCham).
El enviado de Bush subrayó "los esfuerzos que el año pasado han hecho los argentinos, y en esto incluyo a funcionarios públicos, a representantes del sector privado y a los ciudadanos, para proteger la propiedad intelectual".
En un alarde de manejar a voluntad los hilos de la propiedad intelectual en la Argentina (a pesar de que la presidenta Cristina Kirchner sugiriera recientemente declarar a las patentes farmacéuticas "patrimonio de la humanidad":"Siempre declaran patrimonio de la humanidad los recursos naturales y nunca las patentes medicinales por ejemplo..." sentenció en un reciente discurso), Wayne recordó que está "trabajando con una ONG, la Academia Judicial Internacional, con sede en EE. UU, quien "ha pactado que jueces argentinos reciban entrenamiento" (10 jueces federales argentinos viajarán a los Estados Unidos para capacitarse en el área de la propiedad intelectual bajo la doctrina norteamericana).
Expresó además que "La Embajada recientemente reunió varios defensores de la protección a la propiedad intelectual del sector privado, para comenzar con lo que esperamos será una coordinación productiva de campañas de relaciones públicas positivas para "apoyar" los derechos de propiedad intelectual (como anuncio de una próxima campaña de lobby para modificar leyes argentinas de marcas y patentes).
En su "disertación" y como muestra del control que posee sobre algunos funcionarios del gobierno expresó: "Quiero elogiar a los funcionarios públicos argentinos trabajando para la Aduana y el INPI - sus líderes, la Dra. Tirabassi en la Aduana, y el Contador Aramburu en el INPI, están con nosotros el día de hoy – quienes se han comprometido a confirmar los derechos de propiedad intelectual en la Argentina" afirmó en su ponencia."También me he reunido con numerosos fiscales, investigadores y jueces argentinos, que buscan prevenir y procesar delitos contra la propiedad intelectual, y si bien su trabajo no es fácil, su tarea es loable" afirmó exultante el representante de los EE. UU en Buenos Aires.
Finalmente e instando a criminalizar y perseguir actividades comerciales desarrolladas por trabajadores informales, lanzó a su audiencia (representantes de multinacionales y funcionarios "amigos"): "Quizás ustedes, más que ninguno, sepan que sus esfuerzos requieren una colaboración estrecha con la gente del gobierno, y por esta razón felicito a CAPIF, la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (en realidad representantes de los grandes conglomerados audiovisuales norteamericanos), que está trabajando exitosamente con la Gendarmería para lograr la confiscación de cientos de miles de discos ópticos pirateados y otros materiales falsificados en el mercado de La Salada" ( conocido mercado de economía popular en la provincia de Buenos Aires).
Los dos funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner se retiraron del evento luego de aplaudir a Wayne, sin realizar declaraciones.